Este documento refleja un proceso colectivo y permanente para establecer alternativas concretas y viables al Área de Libre Comercio de las Américas, con base en los intereses de los pueblos de nuestro hemisferio. Es un segundo borrador del documento que se elaboró para la Cumbre de los Pueblos de las Américas, realizada en abril de 1998, que fue un encuentro histórico de organizaciones sociales y civiles de gran parte de nuestro continente decididas a cambiar el enfoque de las políticas de comercio e inversiones dominantes en el hemisferio occidental.
Se trata de un documento de trabajo destinado a promover el debate y los consensos, así como actividades educativas en torno a visiones alternativas. En esta etapa de la lucha ya no basta la oposición, la resistencia y la crítica; sino que debemos construir una propuesta propia y luchar por ella. Se centra en propuestas positivas, abordando sólo de manera implícita los impactos del neoliberalismo y acuerdos de libre comercio sobre nuestros países.
El documento aborda los temas principales que forman parte de la agenda oficial de los negociadores del ALCA (inversiones, finanzas, derechos de propiedad intelectual, agricultura, acceso a los mercados y resolución de disputas). Asimismo, abarca temas de importancia social que los gobiernos han tendido a ignorar (derechos humanos, medio ambiente, laboral, migración, rol del Estado y energía). La problemática de otros grupos importantes, mujeres y pueblos indígenas, ha sido integrada en el documento en su conjunto. El documento comienza con un capítulo sobre los principios generales que subyacen a nuestra visión alternativa, seguido por capítulos que exponen propuestas más concretas. Los temas y capítulos se complementan, por lo que se considera importante leer, estudiar y discutir el documento en su integridad.
¿Cómo se elaboró este documento?
La primera versión de este documento fue elaborada para la Cumbre de los Pueblos de las Américas realizada en Santiago de Chile en abril de 1998, en los días previos a la Cumbre para Jefes de Estado y de Gobierno (ver prólogo para mayores detalles). Seis organizaciones nacionales asumieron la responsabilidad de organizar el Foro de Alternativas Socioeconómicas dentro de la Cumbre de los Pueblos de las Américas: el Centro de Estudios sobre Transnacionalización, Economía y Sociedad (CETES-Chile), Fronteras Comunes/Common Frontiers (Canadá), Development Gap-Alliance for Responsible Trade (Estados Unidos), Instituto Brasileiro de Analise Social e Econômica (IBASE-Brasil), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC-México), y el Réseau Québécois sur l'Intégration Continentale (RQIC-Québec).
Estas organizaciones solicitaron la colaboración de conocidos investigadores con años de estudio y reflexión sobre el proceso de globalización en curso y vinculados con movimientos sociales para que elaboraran propuestas sobre temas específicos. Otros especialistas fueron consultados para sugerir cambios o incorporar nuevos elementos. En total, más de 30 personas de ocho países aportaron al primer borrador. En el Foro sobre Alternativas Socioeconómicas para las Américas de la Cumbre de los Pueblos, unas 200 personas discutieron y llegaron a ciertos consensos sobre las líneas maestras de esta propuesta. Se decidió, sin embargo, continuar enriqueciendo el borrador mediante la incorporación de la discusión realizada durante este y otros foros de la Cumbre de los Pueblos y la integración de nuevas sugerencias y contribuciones. Para ello no sólo se revisaron los apuntes de todos los foros, sino que se tuvo un diálogo directo con algunas de las personas y organizaciones más involucradas en cada uno de ellos. Todo este trabajo se recoge en esta segunda versión del documento.
Cada capítulo refleja el nivel de discusión que se llevó a cabo sobre el tema en los foros de la Cumbre y en las organizaciones del continente, lo cual explica la variedad en profundidad y amplitud de las propuestas. El documento recoge los puntos considerados más viables sobre los cuales existe un consenso amplio. El enfoque ha sido sentar bases para una alianza incluyente; por lo tanto, las propuestas no dependen de ideologías específicas o posturas políticas. El documento también toma en consideración la diversidad de nuestras sociedades y presenta un conjunto de propuestas lo suficientemente flexibles como para abarcar toda la gama de condiciones e intereses nacionales. Se trata de un documento "vivo" que aquí se presenta para su consideración, con la esperanza de que las discusiones que de él emanen enriquezcan la próxima versión y reflejen mayores niveles de consenso hacia una propuesta alternativa de los pueblos de las Américas.
Resumen
Principios generales: el comercio y la inversión no deben ser un fin en sí mismo, sino instrumentos para el desarrollo justo y sustentable. Los ciudadanos no sólo debemos aprobar la orientación económica y social en el ámbito hemisférico, sino participar en su diseño, implementación y evaluación. Las metas centrales de estas políticas alternativas son el impulso de proyectos nacionales de desarrollo sustentables, el bienestar social y la reducción de desigualdades a todo nivel.
Derechos humanos: los países americanos vamos construyendo una agenda común de derechos humanos, la cual debe ser integrada a cualquier acuerdo continental, junto a los mecanismos e instituciones nacionales e internacionales para hacerlos cumplir plenamente. Esta agenda promueve la definición más amplia de los derechos humanos, abordando los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de género y ambientales, así como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Medio ambiente: los acuerdos hemisféricos deben permitir que los gobiernos canalicen la inversión hacia las actividades económicas sustentables desde el punto de vista del medio ambiente, a la vez que aseguren que los gobiernos establezcan planes para la internalización (consideración) paulatina de los costos sociales y ambientales de la producción y consumo no sustentables.
Laboral: los acuerdos hemisféricos deben incluir disposiciones que garanticen los derechos de los trabajadores y que promuevan el mejoramiento de las condiciones laborales y estándares de vida de los trabajadores y sus familias. Además, deben brindar asistencia apropiada para enfrentar los efectos de los ajustes producto de la apertura a los mercados.
Migración: los tratados económico-financieros deben incluir tratados migratorios. En reconocimiento a la gran diversidad en las situaciones relacionadas con la migración entre los países del continente, los acuerdos deben ser flexibles, permitiendo que cada país diseñe sus propias políticas de migración. Asimismo, deben incluir un mecanismo para otorgar subsidios internacionales en función de mejorar las oportunidades de empleo en zonas altamente exportadoras de mano de obra. A la vez, los gobiernos deberían asegurar que sus leyes laborales protejan de manera equitativa a la totalidad de las y los trabajadores, independiente de su condición migratoria, y sancionen severamente a los patrones que contravengan estos derechos.
Rol del Estado: los acuerdos hemisféricos no deben impedir la capacidad del Estado Nación de cumplir con las exigencias económicas y sociales de sus ciudadanas y ciudadanos. Al mismo tiempo, el objetivo de la regulación económica nacional no debe ser el proteccionismo tradicional, sino que debe servir para asegurar que las actividades económicas del sector privado promuevan un desarrollo justo y sustentable. En el mismo sentido, los acuerdos deben permitir a los Estados mantener las empresas públicas y políticas de adquisición en apoyo a los objetivos nacionales de desarrollo, al tiempo que combaten la corrupción dentro de los gobiernos mismos.
Inversión extranjera: las reglas hemisféricas deben promover inversiones extranjeras que generen empleos de alta calidad, producción sustentable y estabilidad económica. Al mismo tiempo deben permitir a los gobiernos regular o rechazar aquellas inversiones que no contribuyan al desarrollo, sobre todo los flujos de capital especulativo.
Finanzas internacionales: para promover la estabilidad económica, los acuerdos deben establecer un impuesto sobre transacciones de divisas para generar fondos aplicables al desarrollo. También deben permitir que los gobiernos establezcan impuestos a las utilidades especulativas, regulaciones sobre el tiempo mínimo de permanencia de las inversiones en un país e incentivos a la inversión directa y productiva. Para empezar a igualar el terreno se debe renegociar la deuda externa de los países con más bajos ingresos, aplicando una reducción al principal de la deuda externa, tasas preferenciales de intereses y pagos a más largo plazo.
Derechos de propiedad intelectual: los acuerdos deben proteger los derechos y la subsistencia de las y los trabajadores agrícolas y sus comunidades, que actúan como guardianes de la biodiversidad. No debe permitirse que los intereses corporativos menoscaben tales derechos. Las reglas deben excluir la patentabilidad de toda forma de vida y proteger la propiedad intelectual del saber colectivo de las comunidades y pueblos, especialmente en materia de plantas medicinales. Deben asegurar la protección de derechos de autor de las y los artistas, músicos, artesanos y otros trabajadores culturales y no sólo los de las industrias cinematográfica y discográfica.
Desarrollo energético sustentable: un acuerdo internacional debe permitir a sus signatarios el presentar demandas contra países que intenten obtener ventajas económicas a expensas de la sustentabilidad. Las instituciones internacionales deben cooperar en crear incentivos reguladores para promover la eficiencia energética y energía renovable, promover tecnologías asociadas a ellas y eliminar las políticas que subsidian y estimulan el aumento de ventas, consumo y utilización de combustibles fósiles.
Agricultura: en función de la seguridad alimentaria, los países deben tener el derecho de proteger o excluir alimentos básicos de los acuerdos comerciales. Las medidas hemisféricas deben apoyar la homologación hacia arriba de los subsidios a la agricultura (a niveles de porcentaje del PIB), protecciones para trabajadoras y trabajadores agrícolas y los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas de vivir de sus tierras.
Acceso a mercados y reglas de origen: el acceso a los mercados para las inversiones y los productos foráneos debe ser definido y evaluado en el marco de los planes nacionales de desarrollo. Los plazos para la desgravación arancelaria deben ir acompañados de programas para asegurar que en los tiempos pactados las industrias nacionales devengan competitivas. Las normas no arancelarias deben incluir medidas para asegurar que reflejen legítimos intereses sociales y no protecciones para empresas específicas.
Cumplimiento y resolución de disputas: para que las reglas y normas propuestas sean sustanciales, deben ir acompañadas de mecanismos sólidos que aseguren la resolución de controversias y el cumplimiento de los acuerdos. Los mecanismos deben enfocarse a la reducción de desigualdades y basarse en procesos justos y democráticos. Los acuerdos pueden incluir salvaguardas especiales para países que estén sufriendo los efectos del auge de importaciones.