Principios generales
Antecedentes
Ningún país puede ni debe permanecer aislado de la dinámica de la economía mundial, pero esto no significa que la orientación teórica del libre comercio sea la única ni mucho menos la mejor forma de insertarse en la globalización. La dinámica de la economía y del comercio mundial es una realidad a considerar en cualquier esfuerzo destinado a elaborar un proyecto de país si se quieren plantear programas viables y sustentables. Pero nos oponemos a permitir que el mercado mundial defina, con la anuencia de nuestros gobiernos, el futuro de nuestros países y de nuestros pueblos. El lugar que nos han asignado en este sistema económico globalizado no es aceptable. Debemos construir democráticamente en nuestros países un proyecto nacional de desarrollo sustentable y desde ahí insertarnos en la dinámica económica mundial.
Según el enfoque dominante de libre mercado (contenido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la agenda de negociación de las grandes empresas transnacionales y el temporalmente detenido Acuerdo Multilateral sobre Inversiones), el mercado mundial por sí mismo asigna y desarrolla las mejores posibilidades para cada país. El libre comercio no es solamente abrirnos al comercio mundial, es renunciar a ser sujetos activos de nuestro futuro y dejar que el mercado decida por nosotros. De acuerdo con este postulado no es necesario pensar qué país queremos y podemos ser, simplemente hay que eliminar cualquier traba al mercado mundial y el propio mercado se encarga de ofrecernos el mejor de los países.
Las diferencias entre el planteamiento dominante y la visión alternativa propuesta en este documento no descansan en si aceptamos o no la apertura al comercio. Las disyuntivas fundamentales son las siguientes: 1) Si tener un proyecto nacional y luchar activamente por él o no tenerlo y dejar al mercado la definición del proyecto nacional y 2) Si se regula o no supranacionalmente el capital, especialmente el especulativo. La tendencia reciente ha sido dar libertad absoluta a los capitales, incluidos los especulativos, para mover el mundo al ritmo de sus intereses. La historia ha demostrado que el mercado por sí mismo no genera desarrollo y mucho menos justicia social. Nosotros, en cambio, proponemos una economía mundial regulada nacional y supranacionalmente de tal manera que se asegure la paz, la democracia, el desarrollo sustentable y la estabilidad económica con bienestar social tanto nacional como internacionalmente.
Nuestra posición al respecto es muy clara: debemos actuar como interlocutores válidos en este diálogo sobre la globalización y no al margen de él. Debemos negarnos a aceptar que la globalización neoliberal en curso es un proceso irreversible. Es necesario no sólo aminorar sus consecuencias negativas, sino proponer una alternativa viable.
Debemos buscar cómo aprovechar la globalización con creatividad y no someternos a ella pasivamente. Los ciudadanos de este continente nos negamos a ser regidos por la ley de la oferta y la demanda. Reivindicamos nuestro papel como individuos y no como simple mercancía sujeta a las leyes del mercado.
El libre comercio ha producido exclusión social y económica. Esto ha provocado la estructuración de un segmento social formado por ciudadanos desvalorizados por el proyecto económico vigente y por las sociedades que lo respaldan. La exclusión vuelve a la gente incapaz de insertarse o reinsertarse en el circuito económico; esta imposibilidad de reinserción lleva a un proceso de "descalificación social" y a la pérdida de una "ciudadanía activa". Toda persona que ha resentido negativamente los costos de la transición al libre comercio, que está en una situación de desempleo crónico o que sufre la precarización de su empleo, vive y conoce esta exclusión.
No nos oponemos a la existencia de reglas para el comercio y la inversión regional o internacional. Nuestra crítica a la globalización dominante e impuesta no significa que pretendamos volver al pasado, cerrar y proteger nuestras economías y pugnar por un aislacionismo comercial. Hasta hoy las reglas pactadas no han ayudado a superar, ni menos a aminorar, los problemas de nuestras economías. Proponemos reglas alternativas que regulen la economía mundial y en nuestro hemisferio basadas en una lógica económica distinta: el comercio y la inversión no deben ser un fin en sí mismo, sino instrumentos para el desarrollo justo y sustentable. Nuestra propuesta privilegia una lógica social, por lo que incluimos tópicos como el laboral, los derechos humanos, la igualdad de género, el medio ambiente y las minorías, que representen los temas y grupos excluidos.
Nuestra crítica y propuesta está sustentada técnicamente, pero también surge de un imperativo ético. Nos negamos a aceptar al mercado como un dios que regule nuestras vidas. Nos negamos a aceptar como inevitable un modelo globalizador que excluye a la mitad o más de la mitad de la población mundial de los beneficios del desarrollo. Nos negamos a aceptar que la depredación de la naturaleza sea inevitable y un mal necesario en aras del crecimiento. Detrás de estas medidas económicas neoliberales existe no sólo una estrategia política y económica, sino que subyace una concepción inaceptable de la persona humana y una cultura que es necesario erradicar.
Un profundo imperativo ético nos impulsa a plantear nuestro propio modelo de sociedad, por la que luchamos al lado de tantos hombres y mujeres movidos por la esperanza de vivir y dejar a las futuras generaciones una sociedad más justa y humana.
Principios rectores
1. Democracia y participación
Los debates, las decisiones y la construcción de marcos de negociación en asuntos de integración económica han sido tradicionalmente dominados por las élites del sector financiero, corporativo y gubernamental. Hay que introducir una mayor democratización en la toma de decisiones en torno a la política comercial y a las inversiones. Los acuerdos internacionales deben ser ratificados en una consulta directa a los ciudadanos, en los cuales pueden tomar formas de plebiscitos o referéndum nacionales.
La democratización de los debates y la toma de decisiones económicas es una precondición indispensable pero no suficiente para diseñar nuevas reglas justas y sustentables sobre inversión, medio ambiente y trabajo en un contexto que tome en cuenta los intereses de los ciudadanos. La democracia por sí sola no garantiza el bienestar social, es necesaria la elaboración de propuestas económico-sociales lúcidas y viables que logren el consenso y apoyo ciudadano. La democracia, además, no debe reducirse a lo electoral. Es necesario introducir la democracia en la toma de las decisiones económicas y sociales fundamentales. Los ciudadanos no sólo deben aprobar la orientación económica y social, sino participar en su diseño, implementación y evaluación. También deben poder cambiarla o ajustarla en cualquier momento. Para lograr este objetivo puede ser necesario implementar iniciativas especiales para asegurar acceso al debate a grupos marginados u oprimidos, entre ellos las mujeres.
Las corporaciones globales han crecido en tal magnitud que ya no están efectivamente controladas por nuestros gobiernos. Necesitamos nuevos instrumentos para reafirmar el control público y la soberanía ciudadana sobre estas corporaciones.
La estabilidad política necesaria para el desarrollo sustentable implica que los acuerdos de integración incluyan mecanismos de seguridad democrática. La estabilidad debe basarse en la participación democrática y no en la fuerza. Ello implica que cualquier acuerdo debe promover e impulsar la democracia en el continente, sin que ello implique intervencionismo en los asuntos internos. La seguridad democrática y no basada en el uso de la fuerza implica el control civil (en último término, de los ciudadanos) sobre todas las fuerzas de orden. El control civil es necesario, por ejemplo, para detener la carrera armamentista y los procesos de militarización de amplias zonas de nuestro continente, que hoy se aplican con el pretexto del combate al tráfico de armas y la lucha contra la producción y tráfico de drogas.
La democratización mundial implica la reforma de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas incluido el Consejo de Seguridad y las instituciones financieras y comerciales internacionales. Estas reformas deben hacerse en consulta con las sociedades de los diversos países y guiarse por el objetivo de ponerlas al servicio de la humanidad: el desarrollo sustentable, la democracia y la paz basada en la justicia y el respeto a la dignidad humana. No deben continuar siendo instrumentos de las grandes corporaciones multilaterales y de las grandes potencias nucleares. La democratización del sistema mundial e interamericano incluye también el que no se excluya a país alguno por razones ideológicas o políticas, como es el caso actual de Cuba.
Cualquier acuerdo de integración debe garantizar la globalización de la defensa y promoción de los derechos humanos entendidos en su sentido integral. Es decir, incluyendo no sólo los civiles y políticos o garantías individuales, sino los colectivos: económicos y sociales, culturales, ambientales y de los pueblos y comunidades. Especial atención debe prestarse a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y los mecanismos para asegurar la erradicación de todas las formas de discriminación y opresión sobre la mujer.
2. Soberanía y bienestar social
Las reglas emanadas de los acuerdos deben preservar el poder de los países para mantener proyectos nacionales de desarrollo con altos estándares de vida que permitan la valoración de un trabajo digno, la creación de suficientes y buenos empleos, la salud comunitaria y un medio ambiente limpio dentro de sus fronteras. Tampoco debe limitarse la soberanía de los pueblos en relación con los poderes estatales, provinciales y locales. Hoy la soberanía, la estabilidad y el bienestar social implican privilegiar el ámbito de la producción, a la vez que se desaliente y regule la inversión especulativa y el libre flujo de capitales golondrinos. La soberanía económica de nuestros países no debe ser socavada por los intereses corporativos.
La integración económica debe ser un compromiso para mejorar la calidad de vida de la población. Es inadmisible que nuestros países sean ofertados por sus bajos salarios, la discriminación sistemática contra la mujer y otros grupos, la falta de protección social o la laxitud legal. La competitividad de los países no puede basarse en el deterioro de los niveles de bienestar de la población y/o de su entorno ambiental. La nivelación de estándares debe ser hacia arriba. Los acuerdos comerciales o de integración, así como las políticas económicas internas, deben incluir objetivos sociales con plazos concretos, indicadores para evaluar su impacto social y medidas correctivas.
Los gobiernos nacionales deben mantener el derecho de preservar los esfuerzos locales para lograr comunidades rurales y urbanas viables en las que existan actividades económicas sustentables, así como garantizar la autosuficiencia alimentaria.
La prioridad del bienestar social en cualquier acuerdo internacional de integración implica reducir los presupuestos militares y destinar esos recursos a la promoción de la educación y salud de la población. Los fondos que surjan de la reducción del presupuesto militar de las grandes potencias deben destinarse al combate internacional de la pobreza.
El combate a la producción, tráfico y consumo de drogas debe incluirse en los acuerdos de integración. Sin embargo, esto no debe hacerse con un enfoque puramente militar sino a través de la colaboración en campañas de educación masiva, erradicación de la pobreza, la cual lleva a sectores de la población a dedicarse a este lucrativo negocio? el combate a la corrupción e involucramiento de altas autoridades y otras medidas que vayan a la raíz del problema. Los acuerdos en esta materia deben siempre preservar la soberanía de los Estados Nacionales sobre su territorio y en la aplicación de sus propias leyes. No debe permitirse la presencia armada de tropas o personal policiaco extranjero en el territorio de un país soberano.
3. Reducir desigualdades
Uno de los objetivos centrales de cualquier acuerdo es reducir desigualdades entre naciones, dentro de los países, entre mujeres y hombres y entre razas.
4. Sustentabilidad
La sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente son, junto con el combate a la pobreza, los retos fundamentales de cualquier estrategia económica o acuerdo de integración. Los acuerdos comerciales deben privilegiar la calidad del desarrollo lo que implica establecer límites sociales y medioambientales al crecimiento. La sustentabilidad y el bienestar de la población deben sobreponerse a la ganancia a corto plazo.
Las nuevas reglas dentro de la integración económica deben permitir un control más democrático de nuestra tierra, de nuestros recursos naturales, así como un genuino respeto a los territorios y derechos indígenas. Los países ricos y las grandes corporaciones tienen una deuda ecológica acumulada y ocupan un espacio ambiental exagerado respecto de su población y territorio. Cualquier acuerdo debe repartir los costos de la transición hacia un modelo sustentable con base en el principio de preocupaciones comunes y responsabilidades diferenciadas. Un acuerdo alternativo verdaderamente sustentable debe incluir una restructuración amplia de los incentivos y reglas diseñados para asegurar que la producción industrial refleje verdaderamente los costos ambientales de largo plazo.
Finalmente, los esfuerzos por promover la sustentabilidad deben ir más allá del mundo natural, que incluya la sustentabilidad social, la protección al bienestar de niñas y niños, como también de grupos familiares y los derechos de las minorías. Ello conlleva que se creen mecanismos efectivos para sancionar las políticas que atraen inversión con base en promesas de bajos sueldos de trabajadores, sobreexplotación, especialmente de la mujer, expectativas de una mayor libertad en la explotación de los recursos naturales o áreas donde la población esté políticamente controlada por las élites de poder local.