Medio ambiente
Antecedentes
Hasta ahora la liberalización de las inversiones y la apertura comercial de
los tratados de libre comercio firmados en el continente, especialmente el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, ha mostrado severos impactos sociales
y ambientales para los pueblos y los trabajadores. Los pueblos de América aspiramos
a una economía internacional bajo una lógica distinta que privilegie la sustentabilidad.
Desde una perspectiva ecológica, los problemas con la política de comercio
e inversión clásica son los siguientes: se externalizan (no se consideran) los
costos ambientales y sociales, se tiende a intensificar el uso de energía, se
sobreexplotan los recursos naturales y se daña la biodiversidad, erosionando
la base de la actividad económica y social. Estas políticas intensifican la
expropiación de recursos genéticos, la destrucción de ecosistemas naturales,
la degradación ambiental en sectores agropecuarios y urbanos, la desregulación
ambiental y la violación de los derechos ciudadanos individuales y colectivos
de las generaciones presentes y futuras. La degradación del medio ambiente ha
tenido un efecto desproporcionado sobre la gente que vive en la pobreza, especialmente
las mujeres, ya que es común que estos grupos vivan en hábitats con recursos
contaminados donde existe menos voluntad política por mejorar estas condiciones.
Los que apoyan las políticas neoliberales tienden a considerar como obstáculos
al intercambio comercial algunas dimensiones del desarrollo sustentable (como
la seguridad alimentaria, la protección del conocimiento y la utilización colectiva
de la biodiversidad, el uso sustentable de los ecosistemas y la existencia de
sistemas justos y equitativos de distribución de los beneficios obtenidos de
los recursos naturales). Por su parte, los gobiernos han rechazado estos ideales,
prefiriendo responder a las necesidades y presiones del mercado internacional.
Lo ambiental es una perspectiva que atraviesa todos los temas expuestos, por
lo que mucho de lo que plantearemos a continuación se concreta o complementa
en otros capítulos, por ejemplo, los que tratan los temas de energía y derechos
de propiedad intelectual.
Principios rectores
- Cualquier negociación o acuerdo internacional sobre comercio e inversión
debe establecer la preeminencia de los acuerdos ambientales suscritos por
los gobiernos de los países de América, por encima de los tratados de inversión
y comercio. La dimensión ambiental y de sustentabilidad no debe limitarse
a un tema más dentro de los acuerdos económico-financieros, sino que debe
ser una dimensión y perspectiva que atraviese la totalidad de esos acuerdos.
- La calidad del desarrollo debe considerarse una prioridad clave. Los gobiernos
deberían establecer límites sociales y medioambientales al crecimiento partiendo
de la sustentabilidad medioambiental y de la equidad social.
- Los acuerdos internacionales de comercio y los Estados Nacionales deben
prever políticas para transitar hacia la internalización de costos ambientales
y sociales derivados del proceso de producción y consumo nosustentables. Si
la internalización de los costos sociales y ambientales causa precios más
altos, los gobiernos debiesen promover campañas de sensibilización hacia los
consumidores de altos ingresos para que orienten su elección sobre bienes
producidos de manera sustentable.
- Los costos ambientales del comercio deben ser repartidos equitativamente,
partiendo del principio de que las partes pueden tener responsabilidades diferenciadas
en el logro de las metas comunes.
- Los gobiernos deberían reconocer la deuda ecológica entre naciones. Tal
deuda es producto de que los países ricos ocupan un espacio ambiental exagerado,
o sea, explotan recursos ambientales en forma desmedida en relación con su
población o territorio.
- 6. Los gobiernos deberían establecer plazos definidos para terminar con
la comercialización internacional de productos que dañan el ambiente. Durante
el proceso de transición, se deberían imponer aranceles punitivos para desalentar
su comercialización y evitar su uso.
- El comercio debe ser acompañado por incentivos para la conservación de los
recursos naturales y el suelo, además de reducir y tender a eliminar el uso
de productos químicos que dañan el medio ambiente. Se debe fomentar el desarrollo
sustentable y la producción más cerca del lugar de su consumo.
- En las regulaciones ambientales debería aplicarse el principio precautorio
(en caso de duda, preferir el curso de acción de mayor cuidado del medio ambiente)
y no el principio de evaluación de riesgos (en el que se aplica el análisis
de costo-beneficio a los recursos ambientales).
- Precios justos que eviten el "dumping social" y "ecológico".
- La liberalización del comercio no debe impedir que los países canalicen
la inversión extranjera hacia los sectores donde se puede fortalecer el desarrollo
sustentable.
- La liberalización del comercio y la inversión no debe impedir la regulación
y el control de las empresas y los inversionistas para que cumplan con los
objetivos del desarrollo nacional sustentable.
- Las empresas y los inversionistas extranjeros deben cumplir las normas ambientales
más altas y compartir aquella tecnología que favorece la protección del medio
ambiente y que permite crear empleos.
- Los países deben mantener su soberanía en cuanto a la restricción de aquellas
inversiones que pudieran agravar problemas sociales y ambientales y sus impactos
desproporcionados sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, como
son las mujeres y los pueblos indígenas.
Objetivos específicos:
Bosques
Los bosques son depositarios de la mayor parte de la biodiversidad terrestre
existente en el hemisferio y cumplen funciones ecológicas esenciales tanto en
el ámbito local como global, por lo que deben evaluarse los riesgos que el modelo
del libre comercio implica para este recurso. Las plantaciones forestales industriales
no pueden ser consideradas como bosques, ya que carecen de la mayor parte de
sus valores característicos.
La experiencia y los resultados de los acuerdos comerciales del continente,
y especialmente del TLCAN, así como en general las políticas neoliberales muestran
que los estándares de protección de los bosques se han debilitado, se han perdido
empleos en el sector forestal y se ha intensificado la explotación de los bosques
nativos sin mejorar los sistemas de extracción forestal ineficientes y destructivos.
Por ello cualquier acuerdo internacional en las Américas debe:
- Considerar los bosques como ecosistemas variados y complejos, por lo que
su uso debe respetar el equilibrio de factores bióticos y abióticos. En las
Américas, los bosques son el hogar de múltiples pueblos -especialmente indígenas-,
por lo que deben garantizarse sus derechos territoriales, sociales y culturales,
sus formas de vida y civilización y el uso de sus recursos naturales.
- La conservación de los bosques debe ser un objetivo prioritario de los procesos
de integración, por lo que los acuerdos de inversión deben subordinarse a
los acuerdos ambientales internacionales y a las leyes y políticas nacionales
sobre conservación de la biodiversidad y bosques, incluyendo los servicios
ambientales que éstos brindan.
- El diseño e instrumentación de sistemas de ordenamiento territorial que
contribuyan a vincular las políticas agrarias con las forestales, incorporando
las necesidades y prioridades de las poblaciones locales.
- El diseño de indicadores adecuados, objetivos y neutrales que midan el
impacto de los procesos de integración económica y comercial sobre este y
otros recursos naturales.
- La eliminación de los subsidios ambientales y económicos que favorecen
el uso indiscriminado de los bosques y crear, en cambio, subsidios para tecnologías
y prácticas sustentables, en particular con especies nativas. Es urgente remover
los subsidios para las plantaciones de monocultivos a gran escala. Asimismo,
debe evitarse la sustitución de bosques nativos por plantaciones y proteger
las especies en peligro de extinción.
Fuentes energéticas sostenibles
El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades,
el ahorro energético y el combate al consumo excesivo de energía. Las fuentes
de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su
acceso equitativo y democrático.
La integración energética debe ser un proceso que permita el crecimiento de
las potencialidades y la cooperación de los distintos países en relaciones de
equidad de acuerdo con las características económicas, sociales y culturales
de cada pueblo.
Se propone:
- Reorientar inversiones, préstamos y subsidios hacia proyectos de energías
limpias y hacia la eficiencia energética, garantizando acceso a esos proyectos
en condiciones de equidad y considerando las prioridades nacionales incluyendo
el transporte sustentable, priorizando el público sobre el privado y el acceso
democrático a la energía doméstica, artesanal, comercial e industrial.
- Eliminar los subsidios directos e indirectos a la energía basada en combustibles
fósiles.
- Desarrollar una base legislativa e institucional para el fomento de energías
sustentables. Esto implica un soporte a la capacidad de investigación y difusión
de energías limpias.
- Declarar una moratoria en exploraciones relacionadas con la extracción de
carbón, gas y petróleo en nuevas regiones como un paso hacia la transición
a energías limpias, renovables y de bajo impacto ambiental.
- Respetar el derecho de las comunidades en zonas afectadas por la producción
energética y particularmente de las comunidades indígenas.
- Garantizar la elaboración de estudios de impacto ambiental de todo proyecto
de energía.
Minería
La herencia pasada y presente de la minería en las Américas incluye varias
décadas de contaminación con metales pesados y destrucción de hábitats terrestres
y oceánicos; amenazas a la salud y seguridad de los trabajadores mineros y sus
familias, que muchas veces viven cerca de centros mineros insalubres, y producto
de estar expuestos a la contaminación, sufren las repercusiones en su salud
física y reproductiva. Estas condiciones se dan en todo el hemisferio, reflejo
de la incapacidad del sector público para controlar de manera efectiva los impactos
ambientales de esta actividad.
La expansión acelerada de las actividades mineras en manos de compañías internacionales
no ha sido acompañada por controles, regulaciones y salvaguardas más fuertes
para la salud humana y el ambiente. Al contrario, ha generado mayor demanda
de recursos como agua y energía.
Por lo tanto, se exige a los gobiernos de las Américas:
- El desarrollo de proyectos mineros debe contar con la aprobación previa
de las comunidades afectadas, en particular cuando impactan a otras actividades
productivas y usos de sus suelos. Se deben respetar los derechos de las comunidades
indígenas sobre sus tierras.
- Aceptar y asegurar las más altas normas en salud y seguridad de los trabajadores
y la protección ambiental como condiciones en el desarrollo minero.
- Declarar moratoria en la exploración y desarrollo minero en áreas ecológicas
y de valor cultural.
- Priorizar e incentivar políticas mineras orientadas a la reducción del consumo
energético y al aumento de la eficiencia en el procesamiento de minerales.
- Retomar las recomendaciones de la sociedad civil presentadas en la Cumbre
de Desarrollo Sustentable de Santa Cruz, en diciembre de 1996.
Biodiversidad y propiedad intelectual
La conservación de la biodiversidad ha sido responsabilidad de miles de comunidades
que cultivan y utilizan sus recursos por razones vitales y no por el interés
de lucro. El intercambio internacional de los recursos de la biodiversidad ha
beneficiado históricamente a muchos pueblos, aunque de manera cada vez más desigual
en las últimas décadas. La conservación y el desarrollo de los recursos genéticos
en los centros "científicos" se ha combinado con los sistemas de propiedad intelectual,
institucionalizando el despojo y la monopolización de los recursos genéticos.
Actualmente la región enfrenta enormes amenazas a su biodiversidad, provenientes
de los tratados internacionales de liberalización comercial y de la acción de
las corporaciones multinacionales. Esto plantea un desafío enorme a los ciudadanos,
por lo cual se plantean las siguientes demandas (véase el capítulo 9 para una
discusión más profunda sobre la propiedad intelectual).
- Rechazar los sistemas de propiedad intelectual sobre formas de vida y conocimiento
asociado a ellas.
- Reconocer y proteger los derechos colectivos de las comunidades locales
en la conservación, cría y cultivo de la biodiversidad. Esto implica la primacía
de los derechos colectivos de propiedad (que en muchas comunidades es el conocimiento
histórico transmitido por mujeres) frente a cualquier tratado comercial y
sistema de propiedad intelectual.
- Con base en el Convenio 169 de la OIT, asegurar el derecho inalienable de
los pueblos, comunidades tradicionales negras e indígenas a la plena autonomía
en la toma de decisiones sobre la integridad de sus hábitats tradicionales,
la biodiversidad contenida en ellos, su uso y gestión de acuerdo con sus sistemas
culturales y su derecho consuetudinario.
- Asegurar la primacía del Convenio de Diversidad Biológica frente a los tratados
comerciales.
- Garantizar la libre circulación de conocimientos y el acceso a los recursos
genéticos para la investigación al servicio de las necesidades de las poblaciones
y comunidades locales y en los centros de investigación públicos.
- Reconocer y compensar la deuda ecológica histórica y actual con las comunidades
que crean y conservan las bases de la biodiversidad, incluyendo recursos genéticos
y conocimiento asociado a ellos. Cualquier acuerdo de comercio e inversión
debe incluir cooperación internacional para la conservación de la biodiversidad.
- Promover acuerdos conjuntos entre gobiernos y la sociedad civil sobre el
derecho de un país de descubrir, conservar y aprovechar en su beneficio las
propiedades biológicas y genéticas de plantas y animales en el área donde
se encuentran.
Laboral
