Rol del Estado

El rol del Estado es irremplazable en la conducción de la integración económica que tenga como objetivo la promoción de la justicia social, la búsqueda de equidad entre regiones y grupos sociales y la sustentabilidad. El Estado democrático debe ser un instrumento de la sociedad para enfrentar los problemas económicos y sociales que el mercado no puede resolver. Por tanto, la discusión no debe plantearse como disyuntiva entre estado o mercado.

La experiencia histórica pasada y presente muestra que la fluidez de los mercados necesita del Estado. Por otra parte, la economía no sólo es mercado, también es producción (sin limitarse a lo comercializado). Ello también exige la incidencia del Estado para crear condiciones adecuadas y propiciar una dinámica de crecimiento estable, sustentable y sobre todo con bienestar social. El abrir las economías a la dinámica de la economía mundial no significa necesariamente dejarlas al capricho del mercado internacional. Además, el libre mercado no existe debido a la presencia de grandes corporaciones que dominan y manejan el mercado. Cuando se habla de abrir mercados en realidad se deja en libertad a esas corporaciones para manejar y dominar los mercados según sus intereses. No existe ninguna experiencia histórica que demuestre que el mercado por sí mismo logre los equilibrios generales de la economía, mucho menos la sustentabilidad y justicia social.

El meollo está en abrirse al mundo a partir de proyectos nacionales de desarrollo justos y sustentables conducidos por Estados democráticos y no dejar el futuro del desarrollo únicamente a las fuerzas del mercado. Las economías abiertas necesitan, con mayor razón, regulaciones tanto nacionales como internacionales y un Estado fuerte con capacidad para promoverlas y hacerlas cumplir.

En el modelo económico dominante se reduce la intervención del Estado en la economía, pero sigue existiendo, privilegia el papel de promoción del sector exportador y del capital financiero. Al privilegiar la exportación, los trabajadores y, en general, la mayoría de la población dejan de ser considerados como consumidores estratégicos y con ello su empobrecimiento ya no afecta a los sectores de punta del capital.

El discurso dominante sataniza al Estado y asume que el mercado puede hacer todo mejor. Los programas de ajuste impuestos por el Banco Mundial y el FMI aumentan esta presión en el mismo sentido, dando como resultado una creciente tendencia hacia la privatización. Los gobiernos, por su parte, ven en las privatizaciones una vía para resolver en el corto plazo sus crisis fiscales y para equilibrar sus presupuestos. También se convierte en un mecanismo de enriquecimiento ilícito y favoritismos a determinados grupos económicos.

Existen cuatro problemas con esta tendencia privatizadora. 1) Disminuye la capacidad del Estado de conducir proyectos de desarrollo sustentable y justos; 2) A largo plazo reduce sus ingresos lo cual generalmente se traduce en disminución de su gasto social; 3) Se crean serias injusticias en la distribución de los servicios públicos, afectando especialmente a las mujeres y gente empobrecida; 4) Las privatizaciones son usadas como un mecanismo para reducir los salarios y beneficios a los trabajadores organizados, ya que al venderse los servicios generalmente se sustituyen los antiguos contratos colectivos de trabajo por nuevas condiciones más "flexibles" en las que se pierden derechos, poder de negociación e incluso prestaciones económicas.

Proponemos la gestación de un nuevo Estado democrático, responsable económica y socialmente ante sus ciudadanas y ciudadanos y que enfrente radicalmente la corrupción en todos sus niveles. Debe ser un Estado con un nuevo papel cualitativo en la dinámica económica. No proponemos un Estado "obeso" cargado de grandes e ineficientes empresas. Lo importante no es el número o el tamaño de las empresas, sino el papel que cumplen. Las decisiones sobre las empresas que deben ser públicas corresponden a la sociedad y no sólo al gobierno.

No se trata de un Estado proteccionista tradicional, sino de un Estado socialmente responsable ante la sociedad que pueda impulsar un proyecto de desarrollo definido democráticamente. Ello puede llevar a proteger ciertos sectores que se consideren estratégicos según cada proyecto nacional, pero se trata más bien de la promoción de un desarrollo orientado al porvenir. Un Estado regulador tampoco implica inhibir la iniciativa privada. Al contrario, significa establecer reglas claras para compatibilizar derechos con obligaciones y asegurar que tanto el capital nacional como el internacional promuevan el desarrollo nacional justo y sustentable.

Este renovado papel del Estado implica regulaciones internacionales que sean pactadas democráticamente y en consulta con las y los ciudadanos. La soberanía reside en el pueblo y éste puede decidir someterse a regulaciones internacionales de beneficio colectivo. Más aun, son cada vez más necesarias las regulaciones internacionales dado el poder supranacional de algunas empresas que operan en nuestras economías y el peso y la movilidad de los capitales golondrinos. Este renovado papel del Estado implica regulaciones internacionales que sean pactadas democráticamente y en consulta con las y los ciudadanos. La soberanía reside en el pueblo y éste puede decidir someterse a regulaciones internacionales de beneficio colectivo. Más aun, son cada vez más necesarias las regulaciones internacionales dado el poder supranacional de algunas empresas que operan en nuestras economías y el peso y la movilidad de los capitales golondrinos.

Este nuevo y estratégico papel del Estado en la dinámica económica y social implica una reforma fiscal integral con una lógica productora y redistributiva, a la vez capaz de recaudar los recursos suficientes para evitar déficit fiscales que, por su magnitud, se conviertan en un problema para el desarrollo.

Nada de lo pactado internacionalmente debe implicar la renuncia o menoscabo de la capacidad de los Estados para cumplir con estas exigencias económicas y sociales de sus ciudadanos. En caso de que lo pactado en otros ámbitos o capítulos menoscabe esta capacidad prevalecerá este principio general.

Principios rectores

1. Acerca de las responsabilidades económicas y sociales del Estado

• La primera tarea del Estado es animar el debate y crear los mecanismos permanentes de consulta sobre políticas nacionales e internacionales.
  
  
• El Estado es el responsable de conducir una estrategia económica consensada, que lleve al bienestar social, y de políticas sociales que lo refuercen. No debe escatimar esfuerzos en la promoción de la generación de empleos bien pagados, pues éstos son la forma más digna de alcanzar el bienestar.
  

  La participación en la economía mundial exige que un país se dote de un sector exportador fuerte, pero ello no debe llevar al descuido del mercado interno. La fuerza del sector exportador de un país no sólo se mide por el volumen de exportación, sino cualitativo, que implica promover la integración de cadenas productivas nacionales para que sea un verdadero motor del crecimiento general y con ello de empleos indirectos de alta calidad. La importancia del mercado interno radica en convertir a la mayoría de la población en consumidores estratégicos. La elevación de sus niveles de vida se vuelve entonces una necesidad económica para ampliar el mercado interno y no sólo una exigencia de justicia.

• El Estado tiene una tarea ineludible en la creación de condiciones que favorezcan la competitividad de las empresas nacionales, tanto en el exterior como en el propio mercado interno. La competencia sanciona empresas con bajos niveles de productividad, pero no la produce Para ello debe promover la investigación y el desarrollo tecnológico, así como la educación, que son indispensables para un país viable. Debe plantearse una política industrial explícita que incluya creación de infraestructura, crédito accesible, educación e investigación que promueva la creación de tecnología adecuada e integración de las cadenas productivas.

• El papel social del Estado requiere que brinde seguridad y servicios públicos y promueva el bienestar de toda persona. Ello implica políticas específicas orientadas a los sectores más vulnerables de la población, las cuales deben traducirse en legislaciones que establezcan derechos y no en políticas discrecionales o de clientelismo. El objetivo central del Estado debe ser el desarrollo justo y sustentable para todos, sin por ello excluir medidas asistenciales de emergencia o compensatorias para grupos específicos.
  
  
• Educación. Los estados deben asumir plenamente sus responsabilidades en el financiamiento de la educación, la repartición igualitaria de los recursos, el establecimiento de un curriculum común básico. Sin embargo, deben respetar el carácter multilingüe, multicultural y multiétnico. La descentralización educativa que se requiere para lograr la autonomía de comunidades con culturas específicas en la elaboración de planes de estudios no debe conducir a que los Estados abandonen su responsabilidad de financiar los costos de la educación o la distribución equitativa de recursos. La educación es un derecho que no se puede supeditar a la capacidad de la gente para pagarla.
  
  Mejorar la calidad y el acceso a la educación requiere nuevas fuentes de financiamiento. Una parte de los ingresos provenientes de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales debe asignarse a los países con presupuestos más limitados para la inversión en la educación. (véase el capítulo 8 sobre finanzas internacionales).
  
  En los países del continente americano, la educación debe favorecer una formación integral de la persona. En este sentido, los sistemas de educación deben lograr un mejor equilibrio entre las visiones utilitaristas de la educación, que responden a las necesidades del mercado económico, y las visiones humanistas de la educación, que permiten a los individuos participar activa y plenamente en la sociedad en que viven.
  
  Debe darse prioridad a la alfabetización y a la formación básica para todos. Se debe reforzar el acceso a los estudios secundarios y superiores para permitir al conjunto de las sociedades del continente americano una plena participación en la "globalización de los conocimientos", sin que ello conduzca a una homogeneización de éstos.
  
  La utilización de las nuevas tecnologías debe favorecer el acceso al conocimiento y permitir la circulación de los diversos conocimientos provenientes de todas las comunidades culturales. Las nuevas tecnologías, como las computadoras, deben ser usadas en las escuelas sin sustituir a los profesores. Las nuevas tecnologías de informática y de comunicaciones no deben convertirse en otra herramienta de exclusión y discriminación.
  
  Todo plan de acción en educación debe incorporar medidas dirigidas a mejorar las condiciones de vida en la infancia y la juventud en el ámbito familiar. Especial importancia debe tener la educación y las campañas masivas dirigidas a los niños para evitar el consumo de drogas. Para ello son necesarios los apoyos financieros, psico-sociales y de salud pública. En el mismo sentido, tampoco se debe descuidar la educación de adultos.
  
  
• Salud. Tal como la educación, la salud es un derecho elemental que no se puede supeditar a los recursos de que dispone la gente. Debe ser una responsabilidad del Estado proporcionar servicios de salud de alta calidad para todos. Deben generarse fondos internacionales dedicados a este fin que se financien con una porción de los ingresos generados por el impuesto aplicado a las transacciones especulativas en el ámbito internacional (véase el capítulo 8).
  
  El acceso al sistema público de salud debe ser general y no supeditado a tener un empleo formal, ya que en la mayoría de nuestros países el desempleo, el empleo precario y el empleo informal afectan a la mayoría de la población. Los servicios deben considerar las necesidades específicas de las mujeres y prever su acceso a ellos.
  
  Debe garantizarse el acceso a los servicios públicos de salud de las comunidades y pueblos indígenas, pero a la vez debe apoyarse el desarrollo y difusión de la medicina tradicional y el conocimiento milenario, muchas veces detentado por mujeres, que estas comunidades poseen.
  
  Los sistemas de seguridad social (incluidas las pensiones) deben mantenerse bajo la responsabilidad del Estado y los fondos de ahorro con los que se financian deben ser manejados por él y canalizados como crédito a proyectos prioritarios para el desarrollo nacional. Se debe evitar que tales fondos ingresen al circuito especulativo que sólo concentra la riqueza social en menos manos.
  

2.-Acerca de la regulación económica

Los reglamentos deben:

• Ser claros y explícitos en su diseño, para evitar la discrecionalidad de los funcionarios encargados de aplicarlos.
  
  
• Ser democráticamente consensados.
  
  
• Ser simples y de fácil implementación.
  
  
• Reducirse a lo indispensable para alcanzar los objetivos fijados.
  
  
• Preservar la soberanía de las provincias, regiones o estados, en el ámbito de su competencia, para hacer valer su propia reglamentación, siempre y cuando ésta sea para el beneficio de sus comunidades y no la expresión de privilegios a particulares o con base en la discriminación social o de género.
  
  
• Cada país podrá establecer reglamentos específicos para determinados sectores que, de acuerdo con su proyecto nacional de desarrollo, considere especialmente relevantes, como los siguientes: la explotación de recursos naturales; el sistema financiero y monetario, especialmente el manejo del sistema de pagos y la inversión financiera de corto plazo; la producción agrícola de la dieta básica y/o en manos de pequeñas unidades familiares de producción; sectores estratégicos vinculados con la soberanía nacional o con la estabilidad económica nacional.

No se trata de sectores protegidos o vedados a la inversión extranjera o a la apertura comercial, sino de sectores en que éstas deben ser especialmente reguladas.

3 Acerca de las empresas públicas

La empresa pública es una empresa de propiedad social, sólo administrada por el Estado. Su finalidad no es la obtención de lucro individual, sino el buen desarrollo del proceso económico, o como garantías de la soberanía e instrumentos de justicia social y ambiental.

• Es responsabilidad de los Estados, sin embargo, asegurar que las empresas sean sólidas y eficientes
  
  
• Debe combatirse la corrupción, mediante mecanismos como el control del poder legislativo y de la sociedad misma.
  
  
• La conservación, creación o privatización de una empresa pública debe ser decidida por el poder legislativo que represente la voluntad del pueblo. En el caso de empresas estratégicas las leyes deben exigir consulta amplia y directa a la sociedad.
  
  
• Cuando las leyes nacionales así lo determinen, algunas empresas públicas pueden ser facultadas para el manejo, producción, transporte o comercialización exclusiva de algunos bienes o servicios.
  
  
• Las empresas públicas no se consideran monopolios ni serán sometidas a leyes antimonopolio.
  
  
• El manejo y evaluación de las empresas públicas no se basará solamente en criterios de precio y calidad, sino por la consecución del objetivo específico para el que fueron creadas.

4- Acerca de las compras gubernamentales y contratos de obras públicas

Las compras gubernamentales y las obras públicas tienen una gran incidencia en sectores específicos de la planta productiva. Dado que se realizan con recursos de las y los contribuyentes, deben seguir siendo un instrumento de la política económica para el desarrollo nacional. Por lo tanto deben someterse a los siguientes criterios:

• Serán sometidas a concurso abierto y transparente para evitar corrupción en su adjudicación, aunque deben aceptarse algunas excepciones de las que hablaremos más adelante.
  
  
• Los criterios de la licitación no serán exclusivamente mercantiles (de precio y calidad). Podrán, además, incluir criterios como los siguientes:
  • Contenido nacional de un bien o servicio que esté integrado de algún modo a las cadenas productivas nacionales.
  • Tipo de tecnología involucrada y sus efectos en el medio ambiente.
  • Transferencia de tecnología.
  • Número de empleos generados en el país y el salario correspondiente a los mismos.
    
    
• Garantías especiales de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa nacional.
  
  
• Garantías especiales de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa nacional.
  
  
• Los países podrán establecer listas de proveedores cuyo desarrollo consideren estratégico para la nación (por el desarrollo de tecnología apropiada, el efecto de arrastre sobre otros sectores de la economía, el volumen de empleo que generan o el avance hacia la equidad de género o de razas) y darles prioridad sobre un proveedor extranjero. Para que esta prioridad a nacionales no signifique la protección de ineficiencias o costo excesivo sobre los recursos públicos, se establecerán plazos de vigencia de ese privilegio así como márgenes porcentuales de diferencia sobre los concursantes que ofrezcan mejor precio o calidad y una satisfacción similar de los otros criterios establecidos en la licitación. Estos plazos y márgenes de preferencia serán pactados con esos sectores y se conjugarán con apoyos necesarios para que al término del plazo las empresas puedan ser competitivas en el ámbito internacional.
  
  
• Las compras gubernamentales deben ser un instrumento utilizado para favorecer a grupos marginados o afectados por la discriminación, como los grupos étnicos, las cooperativas o los productores provenientes de regiones del país especialmente deprimidas o con altos márgenes de pobreza extrema. Countries may establish lists of high-priority suppliers whose development they consider strategic for reasons of national development (such as the development of appropriate technology, spin-off effects on other economic sectors or the number of jobs they generate or on the achievement of gender or racial equity) and give them priority over foreing suppliers. To ensure that the priority given to nationals does not protect inefficiencies or place an excessive burden on public resources, suppliers should be required to offer bids within a certain percentage of competing foreign bids, comply with other criteria of the tendering process, and receive privileged status for a limited time. These preferential terms will be negotiated in conjunction with the supports necessary to bring the domestic suppliers up to the international competitive standard within a set timeframe. Government procurement should also be used to protect and benefit groups affected by discrimination and marginalization, such as certain ethnic groups, cooperatives, or producers in particularly depressed regions or those with high levels of extreme poverty.
  
  
• Las controversias sobre compras gubernamentales deberán asumir explícitamente la validez de los criterios anteriores y resolverse primeramente en instancias nacionales y sólo agotadas éstas, podrá recurrirse al arbitraje internacional.

Inversión extranjera