Acceso a mercados y reglas de origen

Antecedentes

Los objetivos de la reciente ola de acuerdos de libre comercio ha sido el levantamiento recíproco de aranceles comerciales entre las naciones, sin considerar los niveles de desarrollo de los países ni los particulares intereses nacionales. El principio dominante de estos acuerdos ha sido el concepto de "trato nacional" el cual implica exigir que los gobiernos den trato similar a los extranjeros, sus productos e inversiones que a los nacionales. La liberalización comercial no debe ser un fin en sí mismo ante el cual deba sacrificarse todo. En su lugar, el acceso a los mercados para las inversiones y los productos foráneos debe ser claro, estable y previsible, pero negociado en el marco de los planes nacionales de desarrollo.

Principios rectores

El complejo proceso de reconciliar los planes de desarrollo nacional con las reglas internacionales de comercio debe considerar las siguientes materias.

• Los diferentes niveles de desarrollo entre los países son una justificación para hacer valer el principio de la no reciprocidad y búsqueda de trato preferencial en el acceso a los mercados. Para ello, la Carta de Derechos Económicos y Deberes de los Estados (ONU 1974), en sus artículos 2, 14, 17 y 18 establece las bases jurídicas y socio-económicas para demandar un tratamiento justo (no igual). El trato igual entre desiguales conduce a la desigualdad.
  
  
• La estrategia de desarrollo debe ser multifacética y no asumir al mercado internacional como único dinamizador de la demanda. Es indispensable valorar el mercado interno que genera un círculo virtuoso entre la elevación del nivel de vida de la población y el crecimiento de la economía. La vinculación entre desarrollo económico y el consumo per cápita lleva inevitablemente al aumento de los estándares de vida de las mayorías. El combate a la pobreza y la búsqueda de bienestar deja de ser sólo una exigencia ética y de justicia social y se convierte en una palanca para el desarrollo.
  
  
• Cuando los mercados internos son fuertes y las economías nacionales no dependen sólo del mercado internacional, se crean las condiciones para negociar una apertura al comercio externo sin adoptar una postura entreguista
  
  
• El acceso permanente y predecible a los mercados internacionales es importante para promover el crecimiento productivo y mantener cuentas externas sanas, lo cual implica que las necesarias importaciones sean financiadas por un fuerte y competitivo sector exportador. De todos modos, la acción del mercado sólo opera para eliminar a los productores no-competitivos; la liberalización comercial en sí no crea capacidad productiva fuerte y competitiva. El desarrollo y la competitividad requieren políticas concretas con objetivos, metas e instrumentos claros. Los Estados tienen la responsabilidad de asumir estos desafíos; los acuerdos no pueden inhibirlos para fijar políticas de promoción y eventualmente de protección a ciertas industrias estratégicas para alcanzar un desarrollo nacional justo y sustentable.
  
  
• En la época actual el problema fundamental que dificulta el acceso a los mercados de los países desarrollados no son las barreras arancelarias, sino las llamadas barreras técnicas al comercio. Las negociaciones comerciales deben resolver este problema.
  
  
• El objetivo central de las negociaciones debe ser el establecimiento de reglas claras y justas, que permitan el acceso a los mercados de forma permanente y previsible y redunde en beneficios a los consumidores, generación de empleos y bienestar para la población, fortalecimiento de la planta productiva y protección del medio ambiente.

Objetivos específicos

1. Aranceles

• Los productores y la sociedad en general deben acordar un proceso ampliamente participativo y transparente para establecer plazos y los productos sujetos a desgravación arancelaria.
  
  
• Los calendarios internos de apertura comercial y desgravación arancelaria deben ir acompañados por programas coordinados para asegurar que en los tiempos pactados las industrias nacionales devengan competitivas. Estos programas deben incluir asesoría, capacitación, investigación y desarrollo de tecnología y créditos de largo plazo. Los programas sectoriales deben acompañarse de un plan nacional de desarrollo con el compromiso del Estado de crear condiciones macro-económicas que favorezcan la competitividad. Para los países subdesarrollados, la apertura comercial sin política industrial es suicida.
  
  
• Garantizar la congruencia arancelaria entre las cadenas productivas con el objeto de evitar desventaja para cualquier sector. Esto podría suceder si los aranceles sobre un producto final fuesen eliminados sin la correspondiente reducción de impuestos a la importación de sus insumos intermedios.
  
  
• Mantener el derecho de imponer requisitos de desempeño, previamente acordados, claros y transparentes en conjunción con programas de reducción de aranceles.

2.- Normas y medidas no Arancelarias

• Las medidas no arancelarias se caracterizan cada vez más como normas de diversa índole: las relativas a calidad, procesos, cumplimiento de especificaciones fitosanitarias (certificando la ausencia de agentes infecciosos o de enfermedades en las plantas), certificados de origen, productos orgánicos (libre de fertilizantes, tóxicos, etc.), protección y cuidado del ambiente, estándares laborales, pago de salarios mínimos, prohibición del trabajo infantil y forzoso.

  Estas normas, legítimas y justificadas en razones de la calidad, cuidado de la salud y del medio ambiente y derechos de los trabajadores, también han sido utilizadas como traba encubierta al libre flujo comercial de productos de los países en vías de desarrollo hacia los desarrollados. Han sido impuestas con carácter unilateral y pueden representar la voluntad de empresas y de sus promotores (lobbyists) para que los gobiernos impongan sanciones proteccionistas sobre bienes y/o servicios de otros países. El desafío es, entonces, eliminar la discrecionalidad y arbitrariedad de esas medidas para asegurar que representen intereses legítimos y no protecciones encubiertas a empresas específicas.

• Las leyes, regulaciones, guías y normas orientadas a garantizar la calidad de los productos y servicios para la protección del consumidor y del medio ambiente deben ser pactadas mediante una amplia consulta ciudadana. Estas normas deben tomar en cuenta la diversidad de situaciones entre países y proponer plazos realistas para poder ser exigidas. Deben inscribirse en amplios acuerdos de cooperación científico-tecnológica para el desarrollo industrial, sobre todo en relación con los países en vías de desarrollo y a las pequeñas, medianas y micro empresas, así como a las empresas de carácter social. Estos acuerdos, con el respaldo de recursos apropiados y de pactos sectoriales específicos, lograran elevar las normas a través del consenso internacional.

Las disposiciones deben asegurar que las empresas multinacionales cumplan con las normas más altas, impidiendo así que estas empresas vendan productos prohibidos en sus países en otros donde las leyes sean más laxas o las normas menos estrictas. Consideramos que sólo mediante consultas y negociaciones con amplia participación democrática de los ciudadanos se podrán adelantar los intereses legítimos de los consumidores. Estos intereses incluyen mantener altos estándares de calidad, protección a la salud y al medio ambiente y que se eviten las medidas unilaterales de protecciones ilegítimas y encubiertas.

3. Procedimientos aduaneros

• Se deben armonizar los regímenes aduaneros a la par de una modernización en la materia, que permita la desburocratización y simplificación de sus procedimientos. Se deben proveer apoyos al sector social de la economía, así como a los micros, pequeños y medianos productores y aquellos empresarios vinculados con actividades de comercio exterior.
  
  
• Los criterios de valoración aduanera deben vincularse e integrarse con aquellos referidos a prácticas de dumping y subvenciones, regulación y represión del fraude, sistemas de recolección de datos y mecanismos de resolución de controversias.

4. Reglas de origen

Las reglas de origen son los requisitos que un producto debe cumplir para ser considerado originario de un lugar o zona, lo cual determina su comercialización transfronteriza bajo los acuerdos de libre comercio. La tendencia de los acuerdos de libre comercio es a establecer reglas de origen regional, es decir, exigir que un producto tenga un determinado porcentaje de componentes o insumos de la región. Pensamos que deben basarse fundamentalmente en la exigencia de un contenido nacional, sin excluir la posibilidad de que se pacten exigencias de contenido regional o sub-regional en el hemisferio. Esta exigencia o principio se complementa con lo que hemos propuesto en el capítulo sobre inversiones extranjeras en relación con la obligatoriedad de las empresas extranjeras de adquirir un porcentaje de sus insumos en el país.

En ausencia de reglas de contenido nacional, la liberalización comercial sólo favorecería la integración intra-firma y propiciaría una desconexión de la cadena productiva nacional. Es decir, las grandes empresas exportadoras, al no tener algo que las incentive a comprar sus insumos en el país, se abastecen de importaciones y con ello su crecimiento ya no tiene efectos de arrastre sobre otras ramas productivas, aun cuando la producción aumenta. En el modelo neoliberal se supone que el motor del crecimiento económico es el sector exportador, pero en la práctica este sector es como una locomotora desconectada de los carros del tren. En los hechos, este tipo de reglamentaciones sobre reglas de origen que sólo exigen contenido regional están convirtiendo la planta productiva de muchos países del sur en maquiladoras.

Mecanismos de cumplimiento y resolución de disputas